Legislación en materia de residuos
La normativa en cuanto a los residuos en España es una legislación bastante compleja. A nivel europeo encontramos que la norma base sería la Directiva Marco 2008/98/CE, de 19 de noviembre, a la cual han ido sucediendo distintas legislaciones que se centran en residuos concretos debido a que necesitan un régimen jurídico especial por las características o peligrosidad de tales residuos.
A nivel estatal, encontramos diversas legislaciones en materia de residuos:
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: Esta normativa se publicó debido a que, en contexto europeo, la producción de residuos se encuentra en continuo aumento y a que la actividad económica vinculada a los residuos alcanza cada vez mayor importancia.
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos: Se constituye como la consecución de los objetivos propuestos en la Ley 20/1986, de 14 de mayo. Esta normativa pretende garantizar que el tratamiento y el adecuado control de los residuos para evitar daños en la salud de las personas y en el medioambiente.
- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos: Esta orden tiene por objeto ofrecer métodos para determinar la existencia o la inexistencia de alguna de las características que catalogarían a un residuo de peligroso.
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio: Consiste en la modificación de algunos artículos de la Ley 20/1986 con el fin de actualizarla y hacerla más específica.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos: Esta normativa es de especial importancia, ya que en ella se encuentra la Lista Europea de Residuos (Códigos LER). Esta, tal y como comentaremos más adelante, consiste en la catalogación de los distintos tipos de residuos a través de unos códigos para facilitar su rápida identificación de manera internacional, incluso.
- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: Dicha Orden consiste en la actualización de la Ley 22/2011 con el fin de hacerla más precisa.
- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado: En esta normativa se establecen todas las medidas que se deben tomar para trasladar residuos, así como la documentación necesaria a presentar a las plataformas y comunidades autónomas competentes.
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero: Este decreto responde a la necesidad de recoger toda la experiencia jurídica y técnica sobre la gestión de residuos mediante depósito en vertedero en España con el fin de que se avance a una economía circular.
CÓDIGOS LER
Como se ha mencionado anteriormente, la Lista Europea de Residuos (Códigos LER) consiste en una relación de residuos armonizada a nivel europeo aprobada y publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Esta ha ido sufriendo leves transformaciones y correcciones hasta la actualidad, pero en general podría definirse como una clasificación mediante códigos de seis cifras para los residuos, y de cuatro y dos cifras para los subcapítulos y capítulos. Estos dos últimos hacen referencia a aquellas actividades que generan dichos residuos.
Los Códigos LER se constituyen como una actualización de la Clasificación Estadística de Residuos (Códigos CER). Esta clasificación consiste en una nomenclatura de los residuos con fines estadísticos, orientada a sustancias. Estos códigos están compuestos por entre uno y cuatro dígitos.
REAL DECRETO 646/2020
Este Real Decreto establece que se fijen los precios de vertido contabilizando la totalidad de los costes directos e indirectos, así como aquellos costes que se pudiesen ocasionar una vez depositados en el vertedero. Se constituye, además, como la sustitución al anterior Real Decreto 1481/2001.
El objetivo de dicho real decreto es reducir el impacto ambiental de estas operaciones, en la medida de lo posible, así como los riesgos para la salud de las personas. Asimismo, estipula que solo podrán ser depositados en vertederos aquellos residuos que hayan sido previamente objeto de algún tratamiento que permita reducir la cantidad de residuos a depositar o los peligros que el depósito pueda provocar para la salud humana o para el medioambiente.
Con ello se pretende avanzar hacia un reciclado de calidad y mejorar la gestión de residuos, así como llevar a cabo una restauración de espacios degradados por vertidos y la descontaminación de suelos.