Tras décadas utilizando el amianto en el sector de la construcción, en España se prohibió finalmente la producción, comercialización e instalación del amianto y productos con amianto en diciembre de 2001. El asbesto o amianto fue mayormente utilizado en las décadas de los años 60 y 90, tanto en la construcción de viviendas, en cubiertas y bajantes fecales y pluviales, como en depósitos de agua o vías ferroviarias, entre otros. Las causas por las que fue un material tan usado residen en su bajo coste y su alta eficacia: se trata de un material aislante, impermeabilizante, ignífugo, resistente y flexible.  

Sin embargo, las consecuencias sanitarias del amianto llevan siendo evidentes desde hace décadas, tal y como lo evidencian los primeros casos detectados en la década de los años 70. Desde entonces, estos, no han hecho más que aumentar, llevando la cifras de fallecidos por causa relacionada con el amianto a miles de ellos. Asimismo, a pesar de que en España se prohibiese a finales de 2001, las previsiones de futuro no son muy optimistas, ya que un estudio publicado en 2013 y realizado por varias instituciones como la Universidad de Granada, entre otras; afirma que las muertes derivadas de la exposición al asbesto seguirán sucediéndose hasta el año 2040. 

Aunque en España se hayan evidenciado tales cifras, en otros países sigue permitiéndose la fabricación o la importación del amianto y, por ende, la exposición de miles de personas a dicho material. En los últimos años, numerosos países se han posicionado en contra el amianto, pero otros tantos siguen haciendo “oídos sordos” a los peligros del material. Un caso bastante llamativo sobre todo esto es el de Latinoamérica, la cual lleva varios años en una lucha constante y progresiva contra el amianto. 

LATINOAMÉRICA PROHIBE EL AMIANTO

Actualmente, en el año 2021, solo siete países de Latinoamérica se han enfrentado al asbesto o amianto: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Brasil, República Dominicana y Colombia. Todos ellos se han sumado a los esfuerzos de 75 países, entre los que se encuentran los pertenecientes a la Unión Europea, para eliminar ese material tan tóxico del sector industrial y de la construcción. 

En el año 2001, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la República Argentina, n.º 29.700 la prohibición de la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto de variedad Crisotilo y de aquellos productos que las contengan. Sin embargo, la prohibición se llevó a cabo a partir del año 2003. Esto se llevó a cabo a raíz de las múltiples evidencias científicas que relacionaban a este material con enfermedades cancerígenas. 

Posteriormente, a partir del año 2002 se prohibió en Chile la producción, importación, distribución, venta y uso de productos que contengan cualquier tipo de asbesto. No obstante, para entonces casi la mitad de las viviendas del país estaban construidas con una mezcla con dicho material. 

En ese mismo año, Uruguay se sumó también a esta batalla mediante la prohibición de la fabricación y la introducción en su territorio de productos fabricados con amianto, así como su comercialización. Asimismo, para poder utilizar este material en algunos artículos se debe tramitar un permiso especial previamente al Ministerio de Salud Pública.  

Más de una década más tarde, en 2014, Perú prohibió el asbesto anfíbol e impuso regulaciones al uso del asbesto tipo crisotilo, a pesar de que este último sea el más tóxico. Aun así, las autoridades sanitarias siguen reportando alrededor de 50 casos anuales de enfermedades derivadas de la inhalación de fibras de amianto, especialmente, de fibrosis pulmonar. 

Por su parte, República Dominicana prohibió también el uso de dicho material en 2018 acorde a los distintos tratados de los que es signataria, como el de Rotterdam, el Convenio 160 sobre asbestos o el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad de los trabajadores, entre otros. 

El caso de Brasil es bastante significativo. En 2017 la Corte Suprema del gigante país latinoamericano prohibió la producción, comercialización y el uso del amianto en cualquiera de sus formas o presentaciones. Además, calificó de inconstitucionales a todas aquellas iniciativas legislativas que estuviesen a favor de un material tan cancerígeno como lo es el amianto o asbesto. Sin embargo, esta decisión se llevó a cabo tras años de lucha de la ciudadanía contra este material y tras miles de muertes por la inhalación de las fibras que lo componen. Además, aún no se ha llevado a cabo ningún plan de descontaminación del amianto en las ciudades brasileñas. Esto es tan significativo porque en dicho país se encuentra una de las mayores exportadoras de amianto a nivel mundial, Eternit, la cual se tuvo que acoger a la ley de quiebras tras esta prohibición. Esta es propietaria de la única mina de amianto que se encuentra en Brasil: la Mina de Cana Brava, en Minaçu, en el estado de Goiás. La empresa fue polémica también por mandar a sus representantes, junto a los de la empresa Brasilit, a los hospitales a principios de los 2000 para llegar a acuerdos económicos con las familiares de los trabajadores enfermos a cambio de no acabar en disputas legales y, por ende, en indemnizaciones y demandas mayores. 

En 2019, Colombia aprobó la ley en contra del asbesto, a pesar de que fuese una ardua tarea llevarla a cabo debido a las presiones y lobbys por parte de la industria del asbesto para que esta prohibición no se llevase a cabo. Hasta entonces, alrededor de 300 personas fallecían anualmente en Colombia a causa del amianto. La entrada en vigor de esta ley supuso un avance tras 12 años de lucha por prohibir dicho material, una lucha abanderada por la periodista colombiana Ana Cecilia Niño, la cual creó una plataforma de Greenpeace para lograr prohibir el uso del material en Colombia y en toda Latinoamérica. Sin embargo, esta última falleció en 2017 a causa de un mesotelioma contraído al vivir en un barrio cercano a la fábrica de tejas de Eternit. 

Sin embargo, en la actualidad hay muchos otros países latinoamericanos en los que la prohibición del amianto sigue estando pendiente, ya que la única legislación vigente está orientada a regular o controlar este material. En algunos casos, se deben solicitar permisos especiales para su uso, mientras que en otros se exige a las empresas que trabajan con este material que doten de medios de protección a sus trabajadores. 

TRABAS PARA NO PROHIBIR EL AMIANTO

Las excusas que ofrecen estos países son diversas. Encontramos el caso de Paraguay, la cual argumenta que al no estar el amianto prohibido por la ONU, sus órganos legislativos no trabajan en leyes contra él. Aunque, en contrapartida, el país exige a las industria a proteger a los trabajadores que puedan estar expuestos al amianto. 

Entre estos países de Latinoamérica en los que no está prohibido el amianto o asbesto, encontramos a Paraguay, Venezuela, Bolivia, México, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico. Estos han adoptado ciertas medidas con respecto a dicho material:

• En Bolivia está vigente desde 1989 una ley ratificada por un convenio de la OIT en cuanto a la reglamentación y las normas de seguridad aplicables a todas las actividades en las que los trabajadores estén expuestos al amianto. 
• En 1996 se fijó en Costa Rica el llamado “Reglamento de Uso Controlado del Asbesto y Productos que lo Contengan”. En El Salvador, por su parte, está permitido el uso de este material bajo condiciones muy estrictas de transporte y manipulación. 
• En Panamá existen normas desde el año 2006 para la protección y manipulación del asbesto. Sin embargo, muchos sindicalistas se quejan de que su uso sigue sin estar prohibido y regulado. 
• En México encontramos la Ley General de Salud de la Ciudad de México de 2011, mediante la cual se adoptaron medidas sobre el uso de ese material para limitar la exposición al amianto. 
• Por su parte, en Puerto Rico es obligatorio que el administrador de cualquier edificio público que contenga amianto tenga un plan que establezca los pasos a tomar para evitar la exposición a este material. 

Los daños y consecuencias del amianto en Latinoamérica son incalculables, sin embargo, cada vez más países de esta región se suman a la lucha global contra este material y contra aquellas empresas y corporaciones que han priorizado las ganancias económicas a la vida y salud de miles de personas. Todavía queda mucho por hacer, pero poco a poco Latinoamérica va haciendo historia y abriéndose paso hacia una protección y un bienestar social.